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Por: El Licenciado
El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) calcula que de los 58 mil 497 millones de dólares que México recibió el 2022 por concepto de remesas, el 95,5% provinieron de Estados Unidos, donde se estima habitan más de 12 millones de migrantes mexicanos que se han convertido en el principal generador de remesas. El CEMA supone que alrededor de 4.9 millones de hogares y 11.1 millones de adultos reciben remesas de sus familiares en el exterior.
En un análisis del BBVA sobre este resultado histórico se hace hincapié en los tres Estados de la Unión Americana que concentran la mayor cantidad de envíos de dinero hacia México: California, con 18 mil 432 millones de dólares; (31.5%) Texas, con 8 mil 419 millones de USD (14.4%) y Minnesota, con 4 mil 708 (8%). La región del Bajío, con el 18% de la población, recibe el 28% de los envíos, lo que representa una dotación cada vez más cercana a los dos dólares diarios por habitante.
El próximo 2 de junio es una fecha crítica para la vida política de México, pues de acuerdo con la Constitución, estamos a menos de 110 días de que las normas electorales que estén vigentes para entonces serán las que habrán de aplicarse en el proceso electoral del 2024. La razón es que, de acuerdo al artículo 105 fracción II de la Constitución, 90 días antes de que comience el proceso electoral ya no pueden cambiarse las reglas con las que dicho ejercicio democrático se realiza.
Seis leyes que conforman el llamado Plan B (a saber: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Comunicación Social, Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la emisión de una nueva: la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral) aún no ha sido aprobado en su totalidad; una parte de este sí: el 27 de diciembre de 2022 se publicó en el DOF el Decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ambas en materia de propaganda gubernamental, con entrada en vigor inmediata en donde se redefine el del concepto de propaganda gubernamental.
Ahora, en virtud de esta reforma legislativa, se considera propaganda gubernamental únicamente aquella que se realice con recursos públicos específicamente etiquetados para ese fin y; además, se establece que las manifestaciones de los servidores públicos no constituyen propaganda gubernamental sino un legítimo ejercicio de su libertad de expresión.
De acuerdo a un Informe Ejecutivo elaborado por el INE, son cuatro los apartados que condensan los riesgos fundamentales que amenazan a los procesos electorales y democráticos del país, en caso de ser aprobado el Plan B. 1. El impacto a la estructura y capacidad operativa del INE; 2. El impacto negativo en la organización de los procedimientos electorales; 3. La amenaza a la equidad y las condiciones de la contienda electoral; y, 4. La inviabilidad para la ejecución de las disposiciones transitorias de la propia reforma.
Equidad en la contienda. Ahora, la Constitución establece que toda propaganda gubernamental debe suspenderse durante las campañas y hasta su conclusión, además, faculta al INE para fiscalizar los ingresos y egresos de partidos y las y los precandidatos y candidatos, en caso de no cumplir tienen sanciones como perder la candidatura.
La reforma no considera propaganda a la promoción no etiquetada presupuestalmente como tal o a través de manifestaciones de las y los servidores públicos “en uso de su libertad de expresión” o “en el ejercicio de sus funciones públicas” y permite campañas de información relativas a “servicios públicos”. Además se establece que, en ningún caso, se puede perder el registro como persona precandidata o candidata, en los casos en los que se omita presentar el informe de precampaña o rebasen el tope de gastos.
Así, la batalla ha comenzado, y no es por el plan B, es por la vigencia de la democracia en México.