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HUANÍMARO, GTO.- La última sesión de Ayuntamiento se tornó tensa cuando la regidora de oposición del Partido Acción Nacional cuestionó a la alcaldesa Laura Villalpando sobre la asignación de un millón de pesos de recursos municipales para la llamada tarjeta verde. Este programa, operado a través del DIF municipal, contempla la entrega de 500 pesos mensuales durante diez meses a solo 200 beneficiarios, todos vinculados al partido en el poder.
La crítica de la regidora puso en evidencia lo que diversos sectores consideran un ejemplo claro de proselitismo político disfrazado de apoyo social. Aunque la asistencia social es una obligación legítima de los gobiernos municipales, la forma en que se ha diseñado este programa carece de reglas de operación transparentes, diagnósticos sociales previos y aprobación formal en el pleno del Ayuntamiento. En otras palabras, se trata de un esquema discrecional que abre la puerta al uso clientelar de los recursos públicos.
La alcaldesa Villalpando respondió acusando a la regidora de actuar bajo consigna partidista, minimizando el señalamiento y atribuyéndolo a intereses externos. Sin embargo, más allá de la confrontación política, lo que queda en el aire es la violación al principio de imparcialidad en el manejo de recursos públicos, establecido en la legislación mexicana. La ley es clara: los servidores públicos tienen la obligación de aplicar los recursos bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre partidos.
La entrega de apoyos sin reglas claras y con sesgo partidista no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también pervierte la función social del gasto público, convirtiéndolo en un instrumento de promoción electoral. La crítica de la oposición no rechaza la asistencia social en sí misma, sino la forma en que se manipula para fines políticos inmediatos.
En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares de la gestión municipal, el caso de la tarjeta verde en Huanímaro se convierte en un precedente preocupante: un recordatorio de cómo los recursos de todos pueden ser utilizados para beneficiar a unos cuantos, en detrimento de la equidad democrática.
