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La Asociación por los Derechos de los Trabajadores del Hogar y del Campo (DTMF) lanza, como demandante, una acción colectiva solicitando:
(1) el reconocimiento de la violación de los derechos constitucionales de las personas a las que se les ha impuesto un trabajo en Canadá que depende de la voluntad de un empleador específico o grupo de empleadores, así como
(2) una orden de indemnización que compensará a estos individuos por el daño que han sufrido y por la violación de sus derechos fundamentales, además para disuadir a cualquier gobierno futuro de socavar los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores (in)migrantes.
Según Gabriel Allahdua, miembro de DTMF y ex trabajador con permiso cerrado: “He dedicado mi vida a la lucha por un trato justo para los inmigrantes en Canadá. Uno de los medios potencialmente decisivos que tenemos a nuestra disposición es impugnar ante los tribunales las restricciones al derecho a cambiar de empleador. El gobierno canadiense afirma que los trabajadores migrantes son esenciales, pero los vincula a su empleador y los excluye en diferentes niveles, restringiendo así su acceso a los mecanismos de protección establecidos para los trabajadores.
Esta acción legal histórica constituye un paso crucial y necesario en el reconocimiento en Canadá de los derechos fundamentales y la dignidad de todos los trabajadores (in)migrantes.
Según Fernanda Cortés, miembro de DTMF y ex trabajadora comunitaria dedicada a apoyar a personas con permisos cerrados: “Los trabajadores vinculados a un empleador sufren, a veces durante años, abusos y violencias de carácter económico, físico, psicológico y sexual en su lugar de trabajo, en además de la discriminación. Rara vez denuncian que su derecho a trabajar en el país depende de su empleador.
Además, es probable que caigan en trabajos no declarados, si no en situación irregular, cuando pierden o abandonan su empleo. Muchos se vieron obligados a regresar a su país de origen todavía endeudados, con profundas cicatrices físicas y psicológicas por los abusos sufridos aquí, sin haber obtenido ningún tipo de justicia o reparación”.
Desde hace varias décadas, grupos comunitarios, ONG, sindicatos, periodistas e investigadores han denunciado repetidamente el impacto perjudicial del estatus migratorio vinculado a uno o más empleadores específicos. Ha sido reconocido ante los tribunales y por comisiones de derechos, pero también por diversas comisiones parlamentarias y por el propio gobierno federal.
Según Eugénie Depatie-Pelletier, directora del proyecto constitucional de la DTMF: “Nuestra sociedad ha decidido hacer la vista gorda ante una situación completamente inaceptable a nivel humano pero que cumplió bien su objetivo.
La prosperidad de Canadá en las últimas décadas se ha logrado notablemente a través de la violación sistémica de los derechos fundamentales, a expensas de una clase marginada de (in)migrantes colocados en condiciones de servidumbre en sus lugares de trabajo. Hoy es el momento de poner fin al trabajo no libre, a un sistema que trata al trabajador como cuasi propiedad de su empleador, de poner fin a esta escalofriante omertá que se ha repetido durante demasiado tiempo con la complicidad del gobierno federal. »
A principios de esta semana, las cuatro principales centrales sindicales de Quebec también denunciaron unánimemente los efectos perversos del permiso de trabajo cerrado sobre las condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes y, a su vez, sobre todo el mercado laboral. Pidieron a los gobiernos de Quebec y Canadá que supriman este tipo de permiso.
Según Katia Lelièvre, vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Nacionales: “Los empleadores utilizan permisos cerrados porque tienen derecho a hacerlo, del mismo modo que pagarían a las personas por debajo del salario mínimo si pudieran… Además, muchas personas no se privan de ello. La lucha contra los permisos cerrados es una de las grandes luchas de los trabajadores de nuestro tiempo y los trabajadores extranjeros pueden contar con el movimiento sindical y el CSN para luchar junto a ellos. »
Las conclusiones del Relator Especial de la ONU, hechas públicas la semana pasada al final de su visita a Canadá, son vergonzosas pero ciertas: el gobierno federal continúa colocando a ciertos (in)migrantes en una situación de “vulnerabilidad a las formas contemporáneas de esclavitud”.
Según Hans Marotte, asesor político de la Federación de Trabajadores de Quebec: “Los permisos de trabajo cerrados crean dos clases de trabajadores que van en contra de todos los principios de equidad y justicia dignos de una sociedad democrática. La situación es alarmante para los trabajadores domésticos y agrícolas, pero también para muchas otras profesiones. Como sindicato central, siempre hemos hecho campaña para mejorar las condiciones laborales de todos, estén sindicalizados o no, y este llamamiento es un gran paso en la dirección correcta para poner fin a un horror que ha persistido durante demasiado tiempo en nuestro suelo canadiense. »
El gobierno federal no tiene que utilizar permisos cerrados para lograr sus objetivos. Podría admitir a más familias inmigrantes, y más rápidamente. Al mismo tiempo, podría crear un programa de admisión acelerada asociado a cupos abiertos de permisos de trabajo por tipos de titulación. Podría reconocer, tras la expedición del permiso de trabajo, el acceso al estatus permanente sin condiciones. También podría proporcionar permisos automáticos para cónyuges e hijos. Todas estas son formas de satisfacer las necesidades laborales canadienses respetando al mismo tiempo los derechos, la dignidad y la integridad de los trabajadores (in)migrantes.
Según Lauriane Palardy, presidenta del consejo de administración de la DTMF y abogada de Justice Pro Bono: “Impedir que un ser humano cambie de empleador es privarlo de su libertad y de su dignidad. Es urgente remediar esto y movilizarnos contra la vulnerabilidad de los trabajadores (in)migrantes. »
Este recurso a los tribunales tiene como objetivo emancipar a todas las personas que actualmente se encuentran en el país bajo autorización de trabajo restrictiva, obtener justicia por el pasado e impedir, en Canadá y en otros lugares, la consolidación de regímenes laborales de inmigrantes no libres, reemplazables y desechables. La inmigración es ciertamente socialmente positiva y necesaria, también para el desarrollo de la población activa; pero la restricción estatal de la libertad, la seguridad y el acceso de los trabajadores a la justicia nunca ha sido, y nunca será, justificable en una sociedad libre y democrática.
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